Es un lunes cualquiera de julio. Es un lunes
perezoso de vacaciones, de desayuno tardío y reposado. En el canal de la
televisión que todos pagamos, hablan de la consulta realizada en Venezuela por
parte de la oposición contra los planes, poco o nada democráticos, del gobierno
de Maduro. Se pone de relieve el número de votantes (millones) que han manifestado
su deseo de más democracia. Se llega a hablar de guerra civil. En un momento,
se exalta la hermandad entre el pueblo venezolano y el español para expresar
los mejores deseos para este país hispanoamericano. La idea que parece
prevalecer es la de que el gobierno presidido por Maduro no puede hacer oídos
sordos al clamor de la población que reivindica su derecho a la participación.
Llegamos a un cambio de tercio: el desafío soberanista lo titulan. El
enclenque debate que suscita el tema venezolano desaparece completamente. Se
repiten hasta la saciedad los mismos argumentos superficiales sostenidos
durante meses. El referéndum catalán no puede celebrarse básicamente porque es
ilegal. Se reitera el discurso del gobierno español basado en el carácter
antidemocrático del gobierno catalán por querer sacar las urnas a la calle. Se
comenta la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española y
se habla del ‘peso de la ley’ a la que todos estamos sujetos. Nada se dice de
los millones que votaron en la consulta del 9N. La presencia de algún posible analista defensor del referéndum es una
ocurrencia surrealista mía, pero echo de menos una dialéctica profunda entre
juristas e historiadores a favor y en contra de su celebración.
Autodeterminación es “la decisión de los
ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político”. Es,
además, la “capacidad de una persona para decidir por sí misma algo”. No lo
digo yo, lo dice la RAE. Y, precisamente, esta es la reivindicación del pueblo
catalán que vio cómo el parlamento español dejaba “limpio como una patena” el
estatuto que habían votado en las urnas y que el PP recurrió al Tribunal
Constitucional. Yo me pregunto por qué en este país le tenemos tanto miedo a la
democracia. Es paradójico que quien hace sus leyes y tiene potestad para
cambiarlas tenga como único argumento la ilegalidad de la petición de los
gobernantes catalanes. También llama la atención que se resalte la falta de
garantías con que se celebrará el referéndum por parte de quienes están
poniendo todos los obstáculos a su alcance para que este no se lleve a cabo.
Mientras tanto, las posturas se van polarizando cada vez más y aquel que no
afirme su pensamiento en blanco o negro y exprese dudas en escala de grises
será tachado de traidor a la causa. Esta es la realidad cainita de la piel de
toro. Sin embargo, aunque parezca inaudito, en Madrid sí vivimos personas que
creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro por sí misma, sin
tutelas, con garantías.
Begoña Chorques Fuster
Profesora que escribe
Artículo publicado en el periódico 'Ägora Alcorcón'
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